jueves, 10 de marzo de 2016

A MODO DE PRESENTACION


El 10 de nombiembre de 2009 entró en vigor la Ordenanza Cívica de Granada. En 50 páginas de prohibiciones y restricciones pretenden regular la convivencia, imponiendo una forma única de concebir y usar las calles y plazas de nuestra ciudad. Bajo la máxima “lo que no se ve no existe”, esta normativa persigue, sanciona y criminaliza todo aquello que los políticos quieren que no se vea. Esta Ordenanza Cívica recuerda la conocida ley de “vagos y maleantes” del franquismo.

En la ordenanza cívica, el espacio público se define como ámbito destinado exclusivamente a circular y a consumir, mientras que todos los demás usos se conciben como molestia y quedan prohibidos. Así, se sanciona jugar con la pelota o andar en patinetes en plazas y calles (Titulo 2, Cap IV, Art. 46) sacudir alfombras por la ventana o hacer, de manera no autorizada, arte en la calle (ya sea tocar la guitarra o cualquier espectáculo). Lo que está especialmente perseguido son formas colectivas de hacer uso del espacio público.  La ordenanza prohíbe cualquier tipo de encuentro si las autoridades (la policía) consideran que  “altera la pacífica convivencia ciudadana” (Titulo 1, Cap IV, Art. 22, Apartado 12). Esto significa que cualquier aglomeración o encuentro de personas (aunque sean de dos o tres) puede ser sancionada.

La Ordenanza Cívica nos afecta a tod@s. No obstante,  perjudica todavía más a las personas y los colectivos  que menos se pueden defender. En este sentido, queda prohibida la mendicidad “agresiva” (quedando al juicio del policía concreto qué es agresivo), se persigue a l@s vendedor@s ambulantes y artistas callejeros y se expulsa, a través de multas altísimas, a las prostitutas, fomentando, de esta manera, situaciones de desprotección y vulnerabilidad. Incluso se prohíbe  buscar en la basura de los contenedores (Título 3, Cap III, Artículo 104, Apartado 2). En vez de reconocer la pobreza como resultado de las injusticias de esta sociedad, el Ayuntamiento la ve como problema de imagen que puede hacer que los turistas no vengan a Granada.

El perfil de ciudadan@ que se impone y normaliza a través de la Ordenanza es el del consumidor que no usa (ni necesita) el espacio público para pasear, jugar al balón y hacer vida en la calle. Nos quieren tener encerrados en nuestras casas, pagando sus impuestos y usando las calles sólo para ir a trabajar o de compras. El único papel protagónico que se le atribuye a los “ciudadan@s” en toda la ordenanza es el de vigilante de sus propios vecin@s. La colaboración con la policía para detectar infracciones no sólo se premia, sino que ser “chivato” se asume como una obligación (art. 9.2, 13.6).

Con esta Ordenanza Cívica, la policía tiene el poder de impedir toda actividad política que se salga de lo que a los políticos les interesa. La única propaganda política exenta de autorización es la electoral, criminalizando las pintadas, los murales, etc. (art. 34.2, 35.1, 72.16). Pero no se quedan en esto, sino que también prohíben el “esparcir, depositar y tirar toda clase de octavillas, propaganda o materiales similares” (art. 39.2.c, 72.17). Para la organización de concentraciones de todo tipo, así como para colocación de pancartas y carteles (art. 38) se requiere de autorización (art. 38.2), reservándose el Ayuntamiento, de esta forma, la posibilidad de censurarlos en caso de que resulten demasiado incómodos.

Todo esto se agrava por la ambigüedad que marca toda la Ordenanza y que le otorga un poder excepcional al policía concreto al que se le da manga ancha para interpretarla según le apetezca, convirtiéndolo, de esta manera, en juez de la calle. En los últimos meses ya se han dado muestras de lo que esto significa: Comerte un bocadillo y tomarte un refresco en una plaza puede acabar en una multa por participar, supuestamente, en un botellón con gente que ni siquiera conoces. Además, la  “acción preventiva” legitima cualquier tipo de actuación: bajo la etiqueta de la “prevención” o “investigación” (art. 27.3), los agentes de la autoridad municipal pueden hacer lo que quieran con la excusa de salvaguardar el orden. Esto da pie a criminalizar a toda aquella persona que “parezca” que vaya a hacer algo.

Pero no podemos creer que esta ordenanza es responsabilidad de los policías que la ejecutan, sino que los grandes responsables  son el alcalde y el concejal de seguridad ciudadana, que han proyectado una ciudad controlada totalmente en la que la libertad de movimientos es cada vez menor. La policía local de Granada (conocida por sus continuos abusos de autoridad y denunciada en numerosas ocasiones) tiene ahora carta blanca para hacer lo que antes hacía soterradamente.
Finalmente, nos oponemos al modelo único de ciudad y de convivencia que la ordenanza busca imponer. La calle no pertenece a aquellos que gestionan y/o planifican el espacio urbano sino a aquellos que hacen uso del mismo.

La calle es de TOD@S ¡ÚSALA!
¡La calle para quien la pisa!

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada